EL GEN-GOB EIVISSA DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA PRESUNTOS DELITOS DE CORRUPCIÓN: TRÁFICO DE INFLUENCIAS, PREVARICACIÓN Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS A AUTORIDADES EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE EIVISSA Y FORMENTERA. (05/12/2006)

Este instrumento se redactó y aprobó con disposiciones a medida de proyectos urbanísticos vinculados al ex-Ministro de Exteriores del PP, Abel Matutes Juan.

La hija del ex ministro, Estrella Matutes, Consellera del Consell Insular de Eivissa y Formentera, votó a favor del Plan Territorial que beneficiaba a sus empresas

El Plan Territorial Insular (PTI), instrumento que debe regular el modelo urbanístico para las islas de Eivissa y Formentera se aprobó con disposiciones a medida de los desarrollos urbanísticos proyectados y contratos previamente firmados por empresas pertenecientes al Grupo Matutes, de las que el ex Ministro de Asuntos Exteriores del PP, Abel Matutes Juan, es el principal accionista. Estas empresas tienen también como accionista a Estrella Matutes Prats, hija de Abel Matutes, que ostenta el cargo de Consellera de Hacienda, Vías y Obras en el Consell Insular, administración que tramitó y aprobó, con su voto, este instrumento de ordenación territorial. A pesar de sus vínculos con estas sociedades mercantiles, la Sra. Matutes votó a favor del PTI que recalificaba terrenos de su familia y les otorgaba una edificabilidad por encima del resto de urbanizables en primera línea de mar en la isla de Ibiza.

El Alcalde de Sant Antoni de Portmany, miembro así mismo del Pleno del Consell, firmó un convenio urbanístico de planeamiento que “blinda” la operación.

El 12 de mayo de 2004, sociedades del Grupo Matutes venden a Realia Business, inmobiliaria del grupo FCC, terrenos pertenecientes a la zona conocida como “ses Variades”, en el municipio de Sant Antoni de Portmany, en esos momentos calificados como suelo rústico. Dicha venta se sujetó, ante notario, a una condición suspensiva consistente en la aprobación definitiva y publicación, en el correspondiente Boletín Oficial, del Plan Territorial de las Islas de Eivissa y Formentera, antes de tres años, y a que este instrumento, en la aprobación del cual participaba directamente la Sra. Mª Estrella Matutes Prats como Consellera y miembro del Pleno del Consell Insular, incluyera el ámbito de las fincas adquiridas de forma que estas pudieran ser objeto de desarrollo urbanístico, es decir, pasaran de rústico a ser de nuevo suelo apto para urbanizar. Además, en ese momento, ambas partes pactan en el contrato de compra-venta (mediante condición resolutoria), una edificabilidad de residencial libre de 40.000 m2 como mínimo que deberá contemplarse en el planeamiento municipal para esta área. Esta condición supone que la zona debía quedar exonerada, mediante el PTI, del cumplimiento de la normativa que regula y limita, en la isla, la edificabilidad y el aprovechamiento en las zonas afectadas por el denominado Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT), así como de lo dispuesto en la Ley de Directrices de Ordenación Territorial autonómica en cuanto a la densidad media de habitantes por hectárea en las islas de Eivissa y Formentrera.

La redacción que se aprueba del Plan Territorial Insular coincide plenamente con lo pactado en los contratos de compra-venta entre las empresas Matutes y Realia Business. El especial trato dado a este sector le permite una edificabilidad prohibida en el resto de urbanizables de primera línea de mar en la isla de Ibiza. Así, para este ámbito específico determina: “, que no le resulten de aplicación al mismo las condiciones tipológicas generales que respecto de las zonas turísticas el Plan de Ordenación de la Oferta Turística establece.”...” sin que resulte de aplicación al mismo la limitación general de densidad que respecto de las zonas turísticas el Plan de Ordenación de la Oferta Turística establece.

El PTI también contempla el puerto deportivo que dos meses y medio antes de su aprobación inicial ya era un proyecto de Realia Bussines y Grupo Matutes

Además, el mismo día en que se suscriben los mencionados contratos de compraventa, dos meses y medio antes de la aprobación inicial del Plan Territorial Insular de Eivissa y Formentera, se inscribe en el Registro Mercantil la sociedad Marina San Antonio Abad S.L, con domicilio en Paseo de la Castellana, Madrid. Esta sociedad tiene por objeto, entre otros, el desarrollo y explotación de puertos deportivos.

Suscriben acciones de la misma, además de diversas empresas vinculadas directamente a la Consellera Matutes y a su familia directa, la inmobiliaria Realia Business, del Grupo FCC. (El padre de la consellera ostenta a su vez el cargo de consejero delegado en la empresa FCC construcción)

Así, el Plan Territorial también vincula la urbanización de ses Variades a la creación del puerto deportivo en la zona: “Su desarrollo quedará vinculado a la ejecución de un puerto deportivo en la zona III definida en la ribera norte de la bahía de Portmany”.

Es decir, en el momento de la aprobación inicial del PTI, el 30 de julio de 2004, 80 días después de la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad Marina de San Antonio Abad S.L. (que tiene por objeto la construcción y explotación de puertos deportivos) y del contrato de compra-venta suscrito entre las empresas mencionadas del Grupo Matutes y Realia Business, en este instrumento ya se recoge la reclasificación de este sector, rústico desde 1999. En su aprobación definitiva, en marzo de 2005, ya se incluye su exoneración del cumplimiento de los parámetros de edificabilidad para las zonas POOT de la isla de Eivissa y su vinculación a la construcción de un puerto deportivo en la zona. De esta manera encaja el contenido de este instrumento de ordenación territorial con los proyectos de las empresas vinculadas a la Consellera de Vías y Obras y sus familiares directos y se materializa el cumplimiento de la condición suspensiva pactada en el citado contrato de compra-venta de terrenos en la zona de “ses Variades”. Es decir, un instrumento de ordenación territorial se redacta y se aprueba, por parte del Consell Insular, con disposiciones coincidentes con los intereses y compromisos adquiridos con anterioridad entre las promotoras vinculadas a la Consellera de Hacienda, Vías y Obras del Consell Insular de Eivissa y Formentera, su familia directa y sus socios de Realia Business.

El 21 de marzo de 2005 se aprueba definitivamente el PTI con el voto favorable de la Sra. Matutes. Sus determinaciones finales se ajustan perfecta e injustificadamente a lo pactado entre las promotoras vinculadas a esta Consellera y sus socios de la promotora inmobiliaria Realia Business.

Por otra parte, el 24 de Febrero de 2005, previamente a la aprobación definitiva del Plan Territorial Insular, José Sala Torres, alcalde de Sant Antoni de Portmany, compañero de partido de la Sra. Matutes y así mismo miembro del Consejo Ejecutivo y del Pleno del Consell Insular de Eivissa y Formentera, firma, con Realia Bussines, un “convenio urbanístico de planeamiento” según el cual el Ayuntamiento se compromete a una revisión del PGOU vigente para adaptarlo a la propuesta hecha por Realia Bussines y que llega, no sólo a contemplar las exoneraciones que se reflejarán en el PTI, (y que en ese momento no son aún de aplicación al no estar vigente dicho plan territorial), que se aprobará también con su voto, sino incluso al extremo de considerar directamente suelo urbano dicho sector, exonerándolo por tanto de la tramitación legalmente establecida en el reglamento de planeamiento y demás instrumentos normativos de aplicación (ello a pesar de que ni dispone de urbanización ni edificación consolidada). Dicho “convenio”, para posibilitar el cumplimiento de las condiciones suspensivas contempladas en el contrato de compra venta entre las empresas Matutes, relacionadas con la Consellera de Vías y Obras y Realia Bussines, llega al increíble extremo de exonerar a los promotores del cumplimiento de la Ley 22/1988 de Costas. Todo ello se respalda, más de una semana más tarde, mediante un informe jurídico suscrito por la letrada del Ayuntamiento.

Por su parte, mediante el mencionado convenio, Realia Business accede a abonar a la junta de compensación, al promotor o al propietario único, la cantidad de 60.000 euros por cuenta del Ayuntamiento de los gastos de urbanización que le correspondan.

Según el “convenio”, éste supone una “clara disminución” (lo menciona como punto positivo) de las viviendas previstas en el PGOU del municipio de 1987 cuando, en realidad, dicho PGOU ya no era de aplicación en este sector por haber quedado afectado por legislación sobrevenida y, de hecho, era suelo rústico en el momento de aprobación del mencionado convenio. De hecho, incluso lo previsto en el convenio resulta legalmente inviable. Así, no se trata de una “clara disminución”, sino sencillamente de pasar a considerar un suelo rústico a urbano y con un aprovechamiento muy por encima de lo legalmente establecido en los urbanizables de primera línea de mar en la isla de Ibiza. Esto sólo es posible infringiendo normas de carácter imperativo o de directa aplicación.

El Ayuntamiento, mediante el convenio, se compromete a colaborar en todo lo necesario, incluso ante las autoridades competentes, para facilitar a Realia, mediante los trámites que legalmente sean procedentes, la posibilidad de llevar a cabo el puerto deportivo. A pesar de tratarse de un negocio privado previsto entre las empresas Matutes y Realia desde un año antes, para el cual crearon la sociedad Marina de San Antonio SL, es presentado en el convenio casi como una contrapartida de esta promotora al ayuntamiento.

Recursos limitados de un territorio insular y urbanización desbocada

Cabe destacar, así mismo, que a pesar de que la parte técnica del PTI hace referencia en repetidas ocasiones a los problemas de masificación urbanística de la costa en la Isla de Eivissa, carencia de infraestructuras, problemas para suministro de agua potable y energía y salinización de acuíferos, este instrumento recupera la condición de urbanizables, usando la discrecionalidad permitida por las leyes 8/2003 y 10/2003 (Ley de acompañamiento de presupuestos), de un importante número de planes parciales desclasificados desde 1999, precisamente para evitar la masificación de la costa, un número significativo de ellos vinculados a las empresas del grupo Matutes y, por tanto, directamente con la Consellera de Vías y Obras. Según parece, este instrumento, también es presuntamente utilizado para dotar de cobertura legal a proyectos urbanísticos también vinculados el Grupo Matutes, llevados a cabo o iniciados al amparo del denominado Plan de Delimitación de Suelos Urbanos (PDSU) de Santa Eulària, declarado nulo por los tribunales en 1997.

La norma se adapta a las urbanizaciones, no las urbanizaciones a la norma

De hecho, mediante sus disposiciones, el PTI, llega también a dotar de cobertura legal a otros desarrollos urbanísticos, fundamentalmente propiedad de las empresas Matutes, que se han llevado a cabo al margen de la legalidad, sin la correspondiente tramitación del Plan Parcial o de los proyectos de urbanización, al incorporarlos al planeamiento “por consolidación”, aprovechando las curiosas excepciones incorporadas en el último momento en la Ley de Directrices de Ordenación. Ejemplos de esto son los planes parciales 2.2 y 1.23 de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal de Sant Josep de sa Talaia, situados junto al Parque Natural de Ses Salines, que se clasifican como urbanizables por tener su desarrollo “urbanístico y edificatorio prácticamente consolidado al 100 %”, a pesar de no tener tramitado y aprobado el correspondiente plan parcial.

Leyes a medida en el Parlamento Balear

Así, el PTI se elabora para favorecer intereses vinculados a determinados grupos empresariales y particulares. De hecho, a pesar de las modificaciones previas de diversas normativas para posibilitar este desarrollismo urbanístico, el Parlamento Balear se ve obligado a aprobar, con posterioridad a la entrada en vigor del PTI, una ley para modificar, sólo para el ámbito de las islas de Eivissa y Formentera, todas las normativas existentes en la comunidad autónoma en materia de urbanismo, ordenación territorial y turismo, que eran incumplidas por este instrumento (nueve leyes y un decreto), incluyendo un escandaloso trato diferencial entre los infractores urbanísticos de las Pitiüses y los del resto de Baleares. Esta norma, aprobada para dotar de cobertura legal al Plan territorial Insular de Eivissa y Formentera, es la LEY 11/2005, de 7 de diciembre, de medidas específicas y tributarias para las islas de Ibiza y Formentera, en materia de ordenación territorial, urbanismo y turismo.

Denuncia ante la Fiscalía

En los casos concretos expuestos consideramos evidentes los indicios que apuntan a la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias contemplados en los Arts 428 y 429 del vigente Código Penal, que tutelan la función pública al servicio objetivo de los intereses generales y no a los individuales de los gobernantes. En este caso, el objetivo conseguido ha sido el de una resolución que genera de forma directa un beneficio económico para las partes denunciadas, que no es otra que la que permite la construcción de un puerto deportivo para la construcción del cual ya se ha creado previamente una sociedad y el cumplimiento de las cláusulas contempladas en el contrato de compra-venta de terrenos, al prever no sólo su reclasificación sino un aprovechamiento urbanístico injustificable e ilegal y salva, de esta manera, estas transacciones al usar un instrumento de ordenación territorial como el PTI como simple herramienta al servicio de los intereses de una de las Conselleras y de su familia directa.

También nos hallaríamos ante una presunta comisión de un delito de actividades prohibidas a autoridades o funcionarios contemplados en los Arts 439 y 441 del vigente C.P, ya que en este caso el Código Penal pretende defender la imparcialidad de la administración en los negocios privados, evitando así que los funcionarios o autoridades se sirvan de ella para fines particulares de lucro, en detrimento del interés general.

Por todo lo expuesto, el GEN-GOB Eivissa ha interesado ante la Fiscalía, que se investiguen las actuaciones del Consell Insular de Eivissa y Formentera y del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, así como las de las Empresas del Grupo Matutes, vinculadas a la Sra. Maria Estrella Matutes Prats y a su familia directa y Realia Bussines del grupo FCC, en relación a los hechos expuestos.

En la actualidad, el fenómeno de la corrupción relacionada tanto con la obra pública como con la privada está tan extendido que no se limita a una serie de pintorescos personajes de baja extracción social, nuevos ricos a base de estos métodos tan simples como tolerados e incluso incentivados por el actual marco legislativo, sino que involucra a las más altas esferas políticas y empresariales. Es en este momento cuando debe comprobarse la existencia o no de un Estado de Derecho real, basado en la ley que iguala a los ciudadanos, y la existencia de una separación de poderes real más allá de la teoría hasta ahora no comprobada.